ISSN 1657-6535 | e-ISSN 2805-993X
PRECEDENTE 2024 VOL. 25 / JULIO-DICIEMBRE, 106-140. CALI – COLOMBIA
Angélica Aparicio Saavedra*
Universidad Iberoamericana Puebla
angelica.apariciosaav@gmail.com
Parir, nacer y cuidar con humanidad: reflexiones
interseccionales sobre la salud sexual de las
mujeres racializadas en México**
Giving birth, being born and caring with humanity:
intersectional reflections on the sexual health of racialized
women in Mexico
Dar à luz, nascer e cuidar com humanidade: reflexões
intersetoriais sobre a saúde sexual de mulheres
racializadas no México
Artículo de investigación: recibido 23/09/2024 y aprobado 15/11/2024
* Filósofa, investigadora y escritora afromexicana. Egresada de la Universidad Iberoamericana,
Puebla bajo la licenciatura en Literatura y Filosofía (2018-2023). Es autora del libro publicado en el
2023 Matrices Indignas: Sobre la anticoncepción forzada contra mujeres racializadas en México. Un
acercamiento histórico-filosófico ensayo inspirado por el testimonio de su madre, quién fue víctima
de violencia obstétrica y anticoncepción forzada. Su trabajo abarca desde el estudio del racismo en
México, afrodescendencia, teoría antipatriarcal, feminismos negros y epistemologías decoloniales
hasta la exploración de la genealogía sexual y colonial. Ha participado coloquios y congresos de
filosofía en el que ha compartido su trabajo como autora afrodescendiente y antirracista. Más
recientemente, su investigación se ha orientado hacia la problemática de la violencia ginecológica-
obstétrica y la anticoncepción forzada contra las mujeres racializadas en México, la salud sexual,
la partería y el conocimiento ancestral de las mujeres curanderas. Actualmente es becaria del
programa de posgrado Fulbright-García Robles. ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3426-6252
** Este artículo se escribió en el marco de una investigación previa realizada entre mayo del 2021
a diciembre del 2022. Dicha investigación se titula “Matrices indignas: Sobre la anticoncepción
DOI:
https://doi.org/10.18046/prec.v25.7204
Cómo citar:
Aparicio Saavedra, A. (2024). Parir, nacer y cuidar con humanidad:
reflexiones interseccionales sobre la salud sexual de las mujeres
racializadas en México. Precedente Revista Jurídica, 25, 106-140. https://doi.
org/10.18046/prec.v25.7204
Esta obra se distribuye a través de una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
forzada contra mujeres racializadas en México”. Un acercamiento histórico-filosófico, esta fue
llevada a cabo en la Universidad Iberoamericana Puebla con el propósito de acreditar la asignatura
Proyecto Profesional III y subsecuentemente obtener el título de licenciada en Literatura y Filosofía.
La investigación fue supervisada y evaluada por un asesor académico (Noé Castillo), una asesora
temática (Lizette Jacinto), un lector en ciego y tres sinodales (Diana Jaramillo, Gabriela Pinto y
José Luis Camacho). Posteriormente la investigación fue publicada de forma independiente en
formato de libro impreso con derechos de autor reservados e ISBN 978-607-2944-26-8. Agradezco
enormemente a todes aquelles que dieron grandes y valiosas aportaciones durante el desarrollo de
esta investigación, cada una de sus miradas fueron consideradas y aplicadas en su medida. Marco
en el que se desarrolla la investigación y patrocinio.
ISSN 1657-6535 | e-ISSN 2805-993X
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Resumen
En este artículo de reflexión se presentan aproximaciones interseccionales e
interdisciplinares sobre la violencia ginecobstétrica en México. En él se realiza un
análisis histórico y filosófico en torno al modelo hegemónico de la maternidad y sus
implicaciones en las vidas de las mujeres racializadas, así como sobre la atención
ginecobstétrica violenta en el sistema público de salud. Se explora el origen del modelo
de maternidad entre los siglos XVII y XIX, examinando sus efectos en el mundo
contemporáneo. Asimismo, se presenta una crítica hacia las políticas de salud pública
implementadas a principios del siglo XX, influenciadas por el movimiento eugenésico,
que aún se ven reflejadas en el actual sistema público de salud, que incluyen la
normalización de la anticoncepción forzada contra mujeres racializadas, trabajadoras,
campesinas, empobrecidas y/o migrantes, así como la violación de sus derechos
humanos en la sala de partos. De igual manera, se realiza una crítica al sistema de
salud en México, que resulta fragmentado e ineficiente en cuanto a la atención a la
salud sexual de las mujeres, incluyendo casos de cáncer cérvico-uterino, cáncer de
mama, violencia ginecobstétrica y anticoncepción forzada. Finalmente, se concluye
con reflexiones en torno a la necesidad de una perspectiva antirracista y antipatriarcal
en la garantía del derecho a la salud, al cuidado y los derechos sexuales, reproductivos
y humanos de las mujeres racializadas.
Palabras clave: derechos humanos; derechos sexuales y reproductivos; mujeres
racializadas; justicia racial; humanidades y ciencias sociales.
Abstract
This article presents intersectional and interdisciplinary approaches to gynecological-
obstetric violence in Mexico. It includes a historical and philosophical analysis
of the hegemonic model of motherhood, its implications on the lives of racialized
women, and violent gynecological-obstetric care in the public health system. The
origins of the motherhood model between the 17th and 19th centuries are explored,
alongside its repercussions in contemporary society. The article also critiques public
health policies implemented at the beginning of the 20th century, influenced by the
eugenics movement, and examines their relationship with the current public health
system, which has normalized forced contraception targeting racialized, working-class,
peasant, impoverished and/or migrant women, as well as the violation of their human
rights in delivery rooms. Furthermore, a critique is made of in Mexico’s fragmented
and inefficient health system, particularly in providing medical care to women in areas
such as sexual and reproductive health, cervical cancer, breast cancer, gynecological-
obstetric violence, and forced contraception. Finally, it concludes with reflections on
the need for an anti-racist and anti-patriarchal perspective regarding the guarantee of
the right to health, the right to care, sexual and reproductive rights, and, more broadly,
human rights for racialized women.
Keywords: Human Rights; Sexual And Reproductive Rights; Racialized Women;
Racial Justice; Humanities And Social Sciences.
Resumo
Este artigo apresenta perspectivas interseccionais e interdisciplinares à violência
ginecológica-obstétrica no México. É feita uma análise histórica e filosófica do modelo
hegemônico de maternidade, suas implicações na vida das mulheres racializadas e o
atendimento ginecológico-obstétrico violento no sistema público de saúde. A origem
do modelo de maternidade entre os séculos XVII e XIX é explorada, assim como seus
estratos no mundo contemporâneo. Da mesma forma, é feita uma crítica às políticas
de saúde pública implementadas no início do século XX influenciadas pelo movimento
eugênico, e é refletida a relação destas com o atual sistema público de saúde, que
normalizou a contracepção forçada contra mulheres racializadas, trabalhadoras,
camponesas, empobrecidas e/ou migrantes, bem como a violação de seus direitos
humanos na sala de parto. Além disso, é feita uma crítica ao sistema de saúde no
México, que é fragmentado na prestação de cuidados médicos, especialmente no
que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva de mulheres, incluindo casos de câncer
cervical, câncer de mama, violência ginecológico-obstétrica e contracepção forçada.
Por fim, conclui-se com reflexões sobre a necessidade de uma perspectiva antirracista
e antipatriarcal para garantir o direito à saúde, o direito ao cuidado, os direitos sexuais
e reprodutivos e, de forma mais ampla, os direitos humanos das mulheres racializadas.
Palavras-chave: direitos humanos; direitos sexuais e reprodutivos; mulheres
racializadas; justiça racial; ciências humanas e sociais.
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Introducción: sobre aspectos teóricos y metodológicos
Como comentario inicial, quiero expresar que no escribo únicamente desde una
mirada académica. Si bien esta resulta de suma relevancia para la producción
de conocimiento dentro de las instituciones universitarias, considero que en
esta era resulta sumamente necesario escribir desde el sentir, la experiencia
y el testimonio —aun cuando el pensamiento científico hegemónico los
considera subjetivos y circunstanciales—, especialmente cuando se trata de
las humanidades y ciencias sociales. Este artículo ha sido escrito desde un
enfoque interdisciplinario, en el que procuré entretejer la filosofía, la historia
y la estadística para analizar de una manera integral la vulneración de la salud
sexual de las mujeres racializadas en México. Simultáneamente, escribo desde
la experiencia escribo como bisnieta de una mujer de San Jerónimo, Guerrero,
que murió seis meses después de haber parido a mi abuela, escribo como nieta
de mis dos abuelas negras, quienes ambas fallecieron de manera prematura —de
acuerdo con el dato de esperanza de vida de las mujeres mexicanas— por cáncer
de mama; escribo como hija de una mujer afrodescendiente que fue víctima de
violencia ginecobstétrica y anticoncepción forzada; escribo porque soy mujer,
porque soy afrodescendiente y porque sé en carne propia que el racismo mata
de diferentes maneras. A veces no mata: a veces no permite vivir dignamente,
y a veces no permite nacer.
Este trabajo es producto de una investigación realizada en el año 2022 bajo
el título de Matrices indignas: sobre la anticoncepción forzada contra mujeres
racializadas en México. Un acercamiento histórico-filosófico, publicada de
forma independiente en formato libro en el año 2023. Es un ensayo histórico-
filosófico en el que reflexiono sobre la violencia obstétrica y la anticoncepción
forzada contra mujeres racializadas desde una mirada antirracista y de género.
La anticoncepción forzada, de acuerdo con la definición del sociólogo Pierre
Gaussens, es:
Un conjunto de prácticas médicas desarrollado por personal de
instituciones de salud sobre pacientes que, en consecuencia, pierden
su capacidad biológica de reproducción de manera permanente, sin
su consentimiento, información certera o justificación clínica, como
método de control de fecundidad y parte de una política poblacional
con intenciones demográficas, eugenésicas o punitivas. En el centro de
estas prácticas se encuentra un procedimiento quirúrgico, que es básico
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para cada sexo: para las mujeres, se trata de la salpingoclasia o ligadura
de trompas de Falopio, también llamada «oclusión tubaria bilateral»
(OTB) en términos técnicos, mientras que, para los hombres, se trata
de la vasectomía […]. A diferencia de una esterilización voluntaria,
el carácter forzado remite a que este procedimiento no cuenta con el
consentimiento de la persona intervenida —el cual debe ser previo, libre,
pleno e informado en términos legales—, sino que es realizado por medio
de la coerción o el engaño. (2020, p. 5)
De esta manera, inspirada en el testimonio de mi madre, quién en el año 2000
fue víctima de anticoncepción forzada —y en general violencia obstétrica— el día
de mi nacimiento, decidí llevar a cabo una investigación para reflexionar sobre
los orígenes de estas violencias por medio de un acercamiento principalmente
filosófico e historiográfico.Esta investigación fue llevada a cabo también desde
un posicionamiento político como mujer afrodescendiente. La metodología se
basó en la investigación documental, trabajo auto etnográfico y análisis de datos
estadísticos para estudiar los orígenes y causas de la violencia obstétrica y la
anticoncepción forzada en México, siempre desde una perspectiva de género y
un posicionamiento político como mujer afrodescendiente.
El núcleo de la investigación que precede a este artículo es el recuento de la
experiencia de mi madre al entrar a labor de parto desde medio día, hasta que
yo naciera a la media noche, después de largas horas en las que tuvo dificultad
para parirme y fue ignorada por el personal médico en la soledad de una sala
vacía. Tuvo que gritar con tanta fuerza para que alguien fuera en su auxilio. La
ingresaron a una cesárea de emergencia, no sin antes decirle “apenas escuchan
cesárea y ya quieren dejar de pujar”, aun cuando mi mamá anhelaba un parto
natural, pero se encontraba muy débil para seguir intentando. Ya en cesárea, mi
mamá perdió el conocimiento una vez que me extrajeron de su cuerpo. Cuando
despertó, tenía una sonda conectada a su vejiga, drenando sangre y orina.
Preguntó que sucedió y no le dieron una respuesta concreta; la enfermera solo
le dijo que “al parecer le lesionaron la vejiga”. Mis padres exigieron el expediente
médico para encontrar la verdad de lo sucedido y les dijeron que “lo extraviaron”.
Cabe señalar que, durante esa traumática y cruel experiencia en el hospital,
no dejaron ingresar a mi papá para acompañar a su esposa parturienta; solo
pudo vernos ya pasada la cesárea. Además, mi mamá entró en labor de parto
en un día feriado, un 5 de febrero, por lo que fue atendida principalmente por
practicantes; tuvo que esperar hasta la cesárea de emergencia para ser atendida
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por un médico con licencia. A los pocos días, ya estando en casa, mi madre
descubrió que le colocaron un DIU sin su consentimiento. Ella sospecha que
fue mientras estaba inconsciente después de la cesárea.
Lo que le sucedió a mi madre durante su parto —y a mí durante mi
nacimiento— no fue un caso aislado o aleatorio, ni tampoco resultado de un
servicio de salud de mala calidad. En mi investigación y en el presente texto se
demuestra que la vulneración de la salud sexual de las mujeres racializadas es
fruto de un sistema de salud que concibe sus cuerpos y vidas como objetos que
pueden ser administrados y, a la vez, son considerados prescindibles. Este mismo
sistema opera bajo un biopoder y un necropoder1 (Foucault, 1977; Mbembe, 2011)
que le permiten administrar las vidas, hacer/dejar morir y prohibir nacer, así
como decidir quiénes merecen vivir dignamente, y sus vidas ser resguardadas,
y quiénes son cifras prescindibles. Los casos de violencia ginecobstétrica y
anticoncepción forzada son frecuentes contra mujeres como mi madre en su
momento: jóvenes, racializadas y usuarias del sistema de salud público (Aparicio
Saavedra, 2023, p. 16). Además, de manera generalizada, la garantía del derecho
al cuidado, a la salud, a la autonomía sexual y productiva, se ve condicionada por
otros problemas estructurales, como lo son la violencia patriarcal, la violencia
racista y la desigualdad socio económica. En el caso de las mujeres y personas
con útero en México, dichos problemas son evidentes y recurrentes e impactan
en el acceso a una atención médica digna.
Este artículo propone un diálogo interdisciplinario entre las humanidades,
las ciencias sociales y los datos estadísticos para analizar las implicaciones de
la violencia patriarcal y colonial en el acceso de las mujeres racializadas a la
atención médica, con un especial énfasis en la salud sexual y reproductiva, esto,
acompañado siempre de una perspectiva interseccional, antirracista y de género.
Este análisis se enfoca en tres ejes: la atención de los procesos reproductivos
(y su relación con la violencia ginecobstétrica), el cáncer cérvico-uterino y el
1 Fue el sociólogo francés Michel Foucault quien acuñó el término biopolítica en su libro Historia
de la sexualidad. Este concepto hace referencia al poder que tiene el Estado de administrar la vida
a través de diferentes estrategias económico-políticas como la segregación, la marginación y la
vigilancia. El autor propone que el biopoder tiene su origen en el patria potestas de los romanos,
donde el padre disponía de la vida de sus hijos. Este patria potestas se encuentra replicado en el
poder soberano del Estado. Por otra parte, el filósofo camerunés Achille Mbembe, tras leer la
propuesta de Foucault, aportó el término necropolítica, que consiste en el poder soberano de hacer
morir a través de la ficcionalización de un enemigo; esta ficcionalización está inherentemente ligada
a los procesos de racialización, discriminación y marginalización.
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cáncer de mama, enfermedades cuya detección y tratamiento oportuno y eficaz
se encuentran vinculados a las condiciones étnico-raciales y socioeconómicas.
Resulta pertinente anotar que estos tres ámbitos no son los únicos que se ven
afectados por los problemas estructurales antes mencionados; en general, el
acceso a una atención en salud digna se encuentra condicionado por la violencia
patriarcal, la violencia racista y la desigualdad socio económica. Sin embargo, con
el fin de delimitar este análisis, se seleccionaron dichos ejes principalmente por
su relación con la salud sexual de las mujeres y su recurrencia en la población,
pues, de acuerdo con datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y la Secretaría de Salud, para el 2023, 7 de cada 10 mujeres
(de 15 años en adelante) en México son madres. Además, el cáncer de mama
y el cáncer cérvico-uterino representan la primera y segunda causa de muerte
por cáncer en las mujeres mexicanas.
Asimismo, se retoman aspectos de la investigación previa, a la vez que se
aportan nuevas propuestas en torno a la relación entre género-raza-clase y el
acceso a la salud, a través del intercambio de ideas con autores como María
Eugenia Sánchez Díaz de Rivera —retomando sus aportaciones en torno a
la ideología mestizante y su rol en la administración de la reproducción de la
población mexicana — y Dorothy Roberts —con su investigación en torno al
castigo de las maternidades negras y el papel de Estado sobre la reproducción de
las mujeres negras—, entre otres, así como mediante informes y encuestas que
reafirman con estadísticas la conexión entre el racismo y el sistema de salud.
Todo esto desde una perspectiva interdisciplinar y haciendo especial énfasis en
el análisis historiográfico y estadístico, para establecer un hilo conductor entre
la historia y el presente, y así ilustrar una suerte de panorama de los orígenes
de la violencia y sus casos específicos en la contemporaneidad.
Anotaciones sobre el modelo patriarcal-colonial
de feminidad y maternidad
A lo largo del desarrollo de las teorías feministas y los estudios de género, la
cuestión del mandato de la maternidad sobre las mujeres ha sido ampliamente
debatida y criticada. Numerosas autoras —a través de arduos estudios— han
señalado cómo los cuerpos sexuados como femeninos históricamente han sido
socializados, politizados y mercantilizados como inherentemente reproductores:
cuerpos-máquina que reproducen seres humanos, que pueden ser intervenidos y
administrados, que existen para satisfacer los deseos de un sistema hegemónico
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patriarcal, heteronormado, colonial y capitalista. Rita Segato (2016) ha hablado
sobre los cuerpos de las mujeres como territorio y rebaño que es administrado
por el biopoder del Estado a través de políticas del cuerpo; Angela Davis (1981)
ha expuesto cómo el sistema capitalista explota los cuerpos de las mujeres
negras a la vez que los deshumaniza y des feminiza; mientras Elsa Dorlin
(2020) ha realizado una exhaustiva genealogía sexual y colonial en torno a los
cuerpos de las mujeres y la relación del nacimiento de la medicina moderna y
el Estado nación con el control de la reproducción por medio de la invención
de un modelo de maternidad misógino y racista. Las voces de estas mujeres
(haciendo eco con muchas otras), de diferentes épocas, latitudes y etnicidades,
forman parte de una discusión en torno al significado de la feminidad y la
maternidad: ¿qué es una mujer?, ¿ser mujer es imperativo de ser madre?, ¿nuestros
cuerpos son importantes cuando no reproducen? Responder estas preguntas
resulta indispensable para abordar problemas contemporáneos que involucran
directamente nuestra corporalidad, salud, autonomía, sexualidad y reproducción.
En nuestro contexto mexicano, la lucha por los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y personas gestantes, especialmente por nuestro
derecho al aborto seguro y gratuito, ha sido cubierta ampliamente en diversos
ámbitos, desde lo jurídico, lo académico y, más que nada, lo colectivo. Las
mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos autonomía sobre nuestro
cuerpo, eso es evidente. Históricamente hemos conocido diversas formas para
gestionar nuestra reproducción, desde métodos anticonceptivos hasta abortos
inducidos fuera de una institución médica (cabe señalar que dichas formas
nacieron de los saberes comunitarios). Sin embargo, esa autonomía también
ha sido vigilada, controlada y censurada por los sistemas que nos oprimen. La
lucha por los derechos sexuales y reproductivos es una lucha por la autonomía
de nuestros cuerpos, es una lucha por separar nuestra sexualidad y reproducción
de los intereses políticos y económicos del Estado. El poder y control de decidir
sobre cuándo, cómo, dónde y cuántos hijos o hijas tener es un derecho que a las
mujeres y personas gestantes nos ha costado mucho trabajo —y nuestras vidas—
defender, porque siempre ha sido nuestro pero castigado. Esta lucha es histórica,
política, económica, filosófica y espiritual. Se basa en el cuestionamiento y
confrontación de un sistema heteropatriarcal, colonial y capitalista que vigila,
administra y controla las sexualidades, la reproducción y, fundamentalmente,
la autonomía corporal (una autonomía acompañada).
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En el caso de las mujeres, esta lucha sexual y reproductiva se encuentra
estrechamente relacionada con la resignificación de la maternidad: ya no es un
mandato ni un destino ni una obligación, sino un deseo y una decisión consciente
e informada. Nuestras vulvas, úteros y cuerpos no existen porque tengan una
función; existen por sí mismos. Sin embargo, esta lucha no es la misma para
todas nosotras, pues, si bien el heteropatriarcado se ha encargado de escribir
una narrativa sobre los cuerpos femeninos como cuerpos que valen porque
reproducen y cuidan abnegadamente, estos cuerpos también son atravesados
por otros sistemas de opresión, ya sea el colonialismo, la heteronormatividad, la
gordofobia, el capacitismo o las clases sociales. Estos sistemas se “imbrican” (como
lo expresaría Patricia Hill Collins), a veces no todos al mismo tiempo, y a veces, sí.
Continuando con la resignificación de la maternidad, es fundamental recordar
que la maternidad no es algo inamovible, universal ni unidimensional. Tanto
maternidad como madre son palabras cuyos significados varían dependiendo del
tiempo y el espacio: a veces ser (o la posibilidad de ser) madre es algo sagrado,
a veces es un castigo, a veces es un mandato y a veces es algo prohibido; la
ramificación de estos destinos está enraizada en la interacción de los sistemas
de opresión. Consecuentemente, en el actual sistema (hegemónico) político,
económico y simbólico existe un modelo de la Madre que contiene numerosos
y dicotómicos valores heteropatriarcales, coloniales y capitalistas (Dorlin, 2020;
Davis, 1981; Roberts, 1997). En este sistema la madre ideal o buena es una
madre blanca que cuida a sus hijos y los ama incondicionalmente, es una madre
pura y entregada que criará a los futuros ciudadanos y trabajadores que traerán
prosperidad y progreso a la nación. En cambio, las madres no-blancas son las
malas madres, aquellas que no saben cuidar a sus hijos, las que no demuestran
cariño, las que no deberían haber tenido hijes porque serían quienes carguen con
la decadencia y potencial degeneración de la sociedad; aquellas irresponsables
que traen más crías al mundo sin ser capaces de financiarlas y que costarán
altamente a los bolsillos del Estado y los contribuyentes (Roberts, 1997; Dorlin,
2020; Washington, 2006). Este discurso dicotómico sobre las cualidades buenas
y malas de las madres sería construido en un momento en la historia en el que
el control de la natalidad es una cuestión radicalmente biopolítica.
Entre los siglos XVII y XIX, durante el nacimiento de la medicina moderna,
los intelectuales de la época desarrollaron discursos que transformarían a los
cuerpos femeninos en máquinas reproductoras, en una propiedad del Estado
que podía ser administrada (Dorlin, 2020; Federici, 2019). Estos discursos serían
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acompañados de acciones de ultraviolencia: la fase última de la caza de brujas
(que derivaría en la persecución, represión y exterminio fallido de las mujeres
sanadoras con conocimientos comunitarios sobre la salud sexual), la colonización
y saqueo de los territorios de América y África, así como el sistema esclavista.
En ese momento de la historia, los intelectuales y médicos pertenecientes a las
tradiciones de la ilustración y el positivismo se encargaron de escribir tratados
médicos y jurídicos que atarían de manos a la autonomía sexual, la sexualidad
y reproducción, las cuales serían hasta la fecha vigiladas y controladas por
el Estado y las instituciones médicas (Dorlin, 2020; Foucault, 1977). Dichas
instituciones serían las encargadas de administrar la vida y la muerte (Foucault,
1977; Mbembe, 2011): decid en quiénes merecen nacer, quienes deben morir
y quienes ni siquiera tendrán la posibilidad de existir.
Estas medidas bio y necropolíticas serían conducidas a través de paradigmas
patriarcales, heteronormados, racistas y capacitistas, cuya materialidad
se encontraría en aparatos específicos del Estado —educación, Ejército,
instituciones de salud— (Foucault, 1977; Mbembe, 2011), los cuales se verían
reflejados a principios del siglo XX en los movimientos eugenésicos y de la
planificación familiar a lo largo y ancho del continente americano (Roberts,
1997; Davis, 1981). En ese contexto, se difundiría propaganda dirigida hacia
las familias empobrecidas, campesinas, trabajadoras y racializadas sobre la
importancia de reducir el tamaño de las familias para mejorar la calidad de
vida y reducir la pobreza. Sin embargo, resulta importante señalar que la
autonomía sexual y reproductiva pertenece —y siempre ha pertenecido— a los
individuos; la propaganda sobre la planificación familiar es obra del Estado y sus
políticas de salud pública (Davis, 1981; Menéndez, 2006; Ordorica-Mellado,
2014). Dorothy Roberts (1997), en Killing the black body, realizó una aguda
investigación sobre las políticas que regulan la natalidad y mortalidad de la
comunidad negra en Estados Unidos. Roberts argumenta que la comunidad
afroamericana históricamente ha contado con los medios e información para
gestionar por sí misma la natalidad; sin embargo, el movimiento de planificación
familiar (que inició como un movimiento en pro de la autonomía sexual de las
mujeres trabajadoras blancas y racializadas), tras ser influenciado por las teorías
eugenésicas, se transformaría en un discurso de odio y discriminación hacia
las familias racializadas, trabajadoras, empobrecidas y migrantes. Más allá del
discurso, esto condujo a la construcción de un sistema de salud enfocado en
vigilar y controlar la sexualidad y reproducción de dicha parte de la población.
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Las políticas de planificación familiar estadounidense tuvieron una influencia
directa en el sistema público de salud mexicano, en el que a principios del siglo
XX se fundarían organizaciones de higiene social, como lo mencionan Laura
Suárez y López-Guazo y Rosaura Ruiz Gutiérrez en su artículo “Eugenesia y
medicina social en el México posrevolucionario” (2009):
En 1929 se fundó en la ciudad de México la Sociedad Mexicana
de Puericultura, con una sección especial de eugenesia dedicada
específicamente a la herencia, enfermedades relacionadas con la
reproducción, sexualidad infantil, educación sexual y control de la
natalidad; de ella surgen los promotores de la eugenesia en nuestro país.
(pp. 82-83)
Además, en 1931 se fundó la Sociedad Mexicana de Eugenesia para el
Mejoramiento de la Raza por los médicos eugenistas Alfredo Correa y Alfredo
Saavedra (Suárez y López-Guazo, 2009). Estas instituciones de principios del
siglo XX jugarían un papel fundamental en lo que se transformaría en nuestro
actual sistema de salud pública en México. Si bien actualmente los discursos
sobre la inferioridad de las razas suenan retrógrados, en el sistema de salud
mexicano continúan los rastros de aquella política pública que abogaba por la
reducción de ciertos estratos sociales, grupos étnicos o corporalidades, ya no
bajo la consigna de llevar a la nación al triunfo, sino para “reducir la pobreza”.
Eventualmente los discursos eugenésicos fueron calificados como
pseudociencia, además de que las instituciones católicas en México se opusieron
también a este movimiento —específicamente contra la frenología — bajo el
argumento de que solo Dios puede determinar las cualidades de bondad y maldad
de una persona (Velázquez Delgado y Jacinto, 2019). Esto no implica que los
discursos del racismo científico hayan quedado como un vergonzoso pasado en
la historia intelectual de México; los vestigios de dichos discursos permanecen,
están activos y son uno de los factores que influyen en el impedimento del acceso
a la salud, al cuidado y a una atención médica respetuosa para las personas
racializadas, trabajadoras, campesinas, migrantes, privadas de su libertad y
empobrecidas. Sin embargo, identificar y señalar con certeza los factores de
discriminación étnico-racial en estos casos resulta difícil, pues en México impera
el discurso del mestizaje, que invisibiliza la segregación y marginalización de
las comunidades negra e indígena. El hecho de que el núcleo de la identidad
mexicana hegemónica sea el supuesto de que todes les mexicanes somos mestizes
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(lo cual cancela la existencia de una diferenciación étnico-racial) ha llevado a
una noción de identidad mexicana que patrocina la igualdad de todes por tener
los mismos orígenes étnicos.
Jorge Gómez Izquierdo y Ma ría Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, en su libro
La ideología mestizante, el Guadalupanismo y sus repercusiones sociales (2012),
realizan un análisis historiográfico de la genealogía de la identidad mexicana, que
se remonta al sistema de castas y avanza hasta la crisis identitaria contemporánea,
tomando como referencia al movimiento zapatista. Los autores describen la
construcción de identidades nacionales como una forma de integrar al individuo
en un colectivo nacional para abrirle paso a la expansión del sistema industrial;
en el caso de México, la identidad nacional contemporánea surge en un contexto
en el que se implementaron políticas eugenésicas en las que se consolidaron:
Estructuras que vinculan higiene mental, regeneración social, criminalidad,
indigenismo y eugenesia […]. El racismo de Estado se reforzó durante la
Revolución mexicana con la eugenesia, todo influyó en la conformación
de la nueva identidad mestiza nacional-revolucionaria […]. A través de
las ideas de la eugenesia, el color, el género y la raza fueron atados a las
políticas de identidad nacional […]. El culto al mestizo, con provenir de
una añeja tradición, alcanzaba en el régimen revolucionario el estatuto
de ideología oficial del Estado. El mestizo se convirtió en el símbolo
ideológico del nuevo régimen. (pp. 77-79)
Desde principios del siglo XX, la ideología mestizante —como la nombran
Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz de Rivera — se transformó en un discurso
nacionalista que obedecía a los intereses de las clases políticas y económicas
dominantes. Las políticas eugenistas que se implementaron se encontraron
en todos los ámbitos, desde lo ideológico en el sistema de educación, hasta lo
biopolítico en las instituciones de salud, dentro de los hospitales y centros de
salud mental (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz de Rivera, 2012; Velázquez
Delgado, 2019). La idea del mestizo es problemática; si bien a primera vista se
vende como un símbolo nacional que representa la igualdad y fraternidad, desde
un lente crítico salen a la luz deudas históricas con diferentes comunidades que
han sido sistemáticamente segregadas y desatendidas. Claro ejemplo de esto
son la comunidad negra y los pueblos originarios que habitan México, que nos
enfrentamos al racismo estructural, médico y ambiental, así como a la violencia
policial y patriarcal, entre otras tantas de las que nos defendemos en nuestro
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día a día. Sí, aunque el orgullo mexa es mestizo, esta ideología es una traba que
dificulta la visibilización de problemas históricos estrechamente relacionados con
el racismo. Ahora bien, al hablar de manera estricta sobre mujeres racializadas,
derechos sexuales y reproductivos, derecho al cuidado y derechos humanos,
considerar el factor de la discriminación racial en México resulta primordial.
¿De qué manera se entrelazan el racismo, los derechos sexuales y reproductivos
y el derecho al cuidado? En las siguientes páginas se realizarán diversas reflexiones
en torno a la violencia patriarcal, racista y clasista en el sistema público de salud,
que repercute en los derechos humanos de las personas racializadas en México,
especialmente de las mujeres miembros de la comunidad afrodescendiente,
indígena y migrante.
Mujeres, racialización y acceso a la salud pública: anotaciones
historiográficas en torno a la salud sexual y reproductiva
Los sistemas de seguridad social existen con la finalidad de garantizar la satisfacción
de las necesidades básicas de la ciudadanía y de la clase trabajadora en la que
interviene directamente el Estado como benefactor-proveedor. Donovan Casas
Patiño y Alejandra Rodríguez Torres, en su artículo La caída de la Seguridad
Social en México: caso IMSS (2014), realizan un breve recorrido sobre los
orígenes de la seguridad social como concepto y práctica. Exponen que tiene
sus orígenes a finales del siglo XVIII, cuando fue:
generada por una idea moderna del papel que debería jugar el Estado-
Nación respecto a la cantidad de personas que trabajaban sin protección
social, además de que la esperanza de vida se acortaba, existiendo aumento
en riesgos de trabajo, muerte laboral alta, condiciones de vida atroces;
aunado a esto, la industrialización y la transformación de la fuerza de
trabajo —y como factor condicionante de este cambio social, el capitalismo
— generaron tensas relaciones entre trabajadores y patrones. (p. 86)
Además, la seguridad social surgió de un pensamiento simultáneamente
capitalista y socialista, en el que se reconoce a la clase trabajadora como parte
de la sociedad y sujeta de derechos que deberían ser resguardados y regulados
por el Estado, abarcando diferentes rubros: salud, trabajo, vivienda y una vejez
digna, esto, con el interés de continuar reproduciendo la población económica
activa dentro del sistema económico hegemónico (en el caso actual, se trata
de un sistema capitalista-neoliberal ); de esta manera, la seguridad social no
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SOBRE LA SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES RACIALIZADAS EN MÉXICO
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existe por fines altruistas del Estado, sino con un interés político, económico y
social (Casas Patiño y Rodríguez Torres, 2014, pp. 86-88). Ahora, refiriéndose
específicamente a la historia de la seguridad social y la salud pública en México,
puede rastrearse el origen de una de las instituciones más grandes e importantes
del país: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fue fundado
durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho un 19 de enero de
1943 y se originó como un “organismo público descentralizado, con personalidad
y patrimonio propio para administrarlo y organizarlo” (CNDH, 2024). Dieciséis
años después, el 30 de diciembre de 1959, durante el gobierno de Adolfo López
Mateos, sería promulgada la Ley del ISSTE en el Diario Oficial de la Federación,
que entraría en vigor el 1° de enero de 1960. El instituto de Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSTE) “surgió para atender a los empleados
públicos, burócratas y maestros prestadores de servicios y sus familias en toda
la República” (ISSTE, 2020). Tanto el IMSS como el ISSTE son los gigantes de
la salud pública mexicana, ya que solo entre los dos acumulan al 62.1% de la
población con acceso a servicios médicos, de acuerdo con la interpretación de
los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
en el Censo de Población y Vivienda 2020. Con las décadas se fueron añadiendo
y sustrayendo otras instituciones estatales para atender las necesidades de salud
de la población; hoy nos encontramos con INSABI o Seguro popular, PEMEX,
Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), la Secretaría de Marina (SM) y el
IMSS Bienestar.
De acuerdo con los últimos datos disponibles hasta el día de hoy del Censo
2020 llevado a cabo por el INEGI, el 97.6% de la población mexicana —con
acceso a atención médica — es derechohabiente de los servicios de salud
administrados por el Estado: IMSS, con 47 245 909 usuarios (51%); INSABI
o Seguro popular, con 32 842 765 usuarios (35.5%); ISSSTE o ISSSTE estatal,
con 8 206 698 usuarios (8.8%); PEMEX, SDN o SM, con 1 192 255 usuarios
(1.3%), y el IMSS Bienestar, con 958 787 usuarios (1%), sumando un total de
33 801 552 personas con afiliación a servicios de salud por parte del sistema
de seguridad social.
Es de suma importancia considerar que este 97.6% es relativo a la población
con acceso a servicios de salud; los porcentajes restantes corresponden a “Otras
instituciones”, con 1 149 542 usuarios (1.2%), e “Instituciones privadas”,
con 2 615 213 (2.8%). Considerando a las instituciones estatales, se llega a
la suma de 92 582 812 personas con acceso a cualquier tipo de servicios de
121
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salud. Ahora bien, en el año 2020, cuando se obtuvieron dichas estadísticas,
la población total de México era de 126 014 024 personas, de lo que se puede
inferir que aproximadamente el 26.5% de la población en México no tenía
ningún tipo de acceso a atención médica (profesional/institucional), es decir,
33 431 212 personas.
Con los años, estos números han empeorado y cada vez menos personas
pueden acceder a la atención médica. E n un artículo de Patricia López Suárez
en la Gaceta UNAM, citando a José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo
del Coneval, se expone que el “porcentaje de personas con carencia de acceso
a los servicios de salud pasó del 16.2 a 39.2 % entre 2018 y 2022, lo cual
representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esa situación
(2023, párr. 6). Matizar la información resulta clave cuando los datos duros
son desesperanzadores. Al hablar de atención médica y servicios de salud existe
un subtexto relativo a la academia, la universidad, la institucionalidad y el
conocimiento profesional, que corresponde a los referidos servicios médicos/de
salud. Sin embargo, es esencial recordar que existen técnicas y conocimientos
comunitarios de autocuidado. En estas estadísticas hace falta añadir preguntas
sobre cómo conservan su salud aquellas personas que no tienen acceso, o tal vez
no desean acceder, a la atención médica institucional/profesional (ya sea pública
o privada), ya que los conocimientos alternativos para conservar la salud (como
la herbolaria, la botánica, la partería, entre otros) están vigentes y juegan roles
importantes dentro de numerosas comunidades en México, especialmente en
la comunidad afrodescendiente y los pueblos originarios.
Con las estadísticas y datos presentados que confirman la enorme presencia
y relevancia del sistema público de salud en México, responsable de cuidar
y conservar la salud de la mayor parte de la población mexicana, además,
considerando que el sistema de salud pública en México, específicamente la
fundación del seguro social, surgió en un momento histórico que buscaba el
acceso a una atención médica para la clase trabajadora y mejorar su calidad de
vida, no cabe duda de que la realidad no puede ser más diferente, antagónica
e irónicamente diferente. Actualmente, es un hecho que existe una sensación
general de desconfianza hacia el seguro social y su atención médica por diversos
factores: corrupción, falta de financiamiento, sobredemanda de servicios,
falta de personal médico, síndrome de desgaste en profesionales de la salud,
irregularidades en el sistema de prestaciones, decadentes y desactualizadas
infraestructuras y equipamiento, falta de medicamentos, así como malas praxis
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SOBRE LA SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES RACIALIZADAS EN MÉXICO
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médicas ocasionales2 (Cota, 2024; Romero-Gonzáles et al, 2021; Badillo, 2021;
Ramírez Alcántara y Torres Sánchez, 2021; Casas Patiño y Rodríguez Torres,
2014; Sánchez Castañeda, 2012). Sin embargo, algunas de estas problemáticas,
especialmente la cuestión de la sobredemanda y la mala praxis médica, en
numerosas ocasiones se encuentran condicionadas por factores políticos,
económicos e ideológicos, como lo son el racismo, la misoginia y la clase social.
¿Por qué existimos personas —de cierto sexo/género, cierto color y cierta
clase social — que no podemos acceder a una atención médica de calidad,
respetuosa y digna? Harriet A. Washington en su investigación histórica y
periodística Medical Apartheid (2006) explora el oscuro pasado de la investigación
y práctica médica en la comunidad afro estadounidense, que en muchos
aspectos hacen eco con la situación actual de México, pues muestra cómo el
racismo tiene efectos directos en la conservación de la salud y bienestar de
las personas racializadas. De manera curiosa, la autora hace la observación
sobre cómo un hombre negro en una institución médica en Harlem, Nueva
York (zona sumamente afectada por la segregación étnico-racial) sufre las
mismas condiciones paupérrimas de alguien en un país del tercer mundo3,
comparándolo con Bangladesh. Dicha comparación también podría aplicarse
a México, ya que se han normalizado terriblemente la violencia y negligencia
médica, especialmente en las instituciones médicas de salud pública.
Como se ha mencionado anteriormente, el origen de las leyes e instituciones
de seguridad social en México data de principios del siglo XX. El objetivo de la
seguridad social era velar por la seguridad, salud, vivienda y alimentación de la
clase trabajadora, para así mejorar su calidad de vida y, por lo tanto, incrementar la
natalidad y continuar reproduciendo a la población económicamente activa. Desde
una perspectiva histórica, sociológica, antropológica y filosófica, la intervención
2 Recomiendo ampliamente consultar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) al IMSS y al ISSTE por numerosos y específicos casos de negligencia
médica relacionados con la violación de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos,
así como derecho al cuidado.
3 La expresión de tercer mundo deja en evidencia la perspectiva de una mujer que habita el norte
global. A pesar de que Washington es una académica afro americana consciente de la discriminación,
violencia y segregación racista en Estados Unidos, no puede evitar un punto de vista en el que el sur
global es un lugar subdesarrollado, un tercer mundo, aun cuando estas condiciones son consecuencia
de una larga historia de colonización, expropiación, saqueamiento e intervención por parte del
norte global sobre nuestros territorios, a lo que se suman las malas administraciones, corrupción
y ultraviolencia.
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del Estado en la natalidad y mortalidad está relacionada con dinámicas de
biopolítica, biopoder y necropolítica —conceptos propuestos por Michel Foucault y
Achille Mbembe—, las cuales, en términos generales, se materializan en medidas
económicas y políticas para administrar la vida y la muerte de la población, por
medio de la vigilancia y control del cuerpo-mente, especialmente de la sexualidad
y la reproducción; de esta manera, las instituciones encargadas de dichas medidas
de control son las instituciones de atención médica (incluyendo centros de salud
mental), carcelarias, educativas, entre otras (Foucault,1977; Mbembe, 2011;
Castro y Erviti, 2015). Con relación a la salud pública en México y el asunto del
control y vigilancia de los cuerpos, particularmente en términos de sexualidad
y reproducción, son muy evidentes en los casos de violencia ginecobstétrica y,
especialmente, anticoncepción forzada, ya que en ambos no solamente entran
en juego las dinámicas bio y necropolíticas, sino que estas se imbrican con otros
sistemas de opresión, los ya mencionados colonialismo, heteropatriarcado,
gordofobia y capacitismo, así como el capitalismo/imperialismo.
Diversas instituciones y colectivos como la CNDH, el Grupo de Información
en Reproducción Elegida (GIRE ) y Con Ovarios MX definen a la violencia
ginecobstétrica como prácticas violentas por parte del personal médico contra
las mujeres y personas con capacidad de gestar que pueden consistir en
agresiones psicológicas (expresiones denigrantes, humillantes, intimidantes y
deshumanizantes; gritos; falta de información oportuna; manipulación, presión
y/o engaños para la toma de decisiones; ignorar el malestar de las personas
parturientas) y físicas (no respeto de los tiempos del parto, administración
innecesaria de medicamentos, cesáreas innecesarias, anticoncepción forzada,
pellizcos, tactos sin informar) durante la gestación, parto y/o puerperio, lo cual
es una directa violación de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al
cuidado, el derecho a la libertad y autonomía reproductiva y, de forma integral,
una violación de los derechos humanos. En la investigación que precede a este
artículo se reflexiona sobre cómo la violencia ginecobstétrica no se trata de eventos
aleatorios, ni de servicios de salud de mala calidad, sino de un problema estructural
que tiene sus orígenes en el mero nacimiento de la medicina moderna durante la
época de la ilustración, en la que sucedió una “masculinización del conocimiento”
que derivó en una mirada patriarcal y colonial sobre los cuerpos denominados
femeninos (Aparicio Saavedra, 2023; Dorlin, 2020 ). Este sistema concibe a los
cuerpos de las mujeres como cuerpos-máquina, a la vez que coloca a las mujeres
como sujetos de estudio, como un cuerpo sin poder de decisión ni sentimiento.
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¿Cómo se entrelaza la discusión sobre racismo, salud pública y violencia
ginecobstétrica? Un factor que resulta indispensable discutir es la reificación de
los cuerpos femeninos como propiedad, máquina reproductora, rebaño y territorio
(Dorlin, 2020; Federici, 2019; Segato, 2016). En la investigación que precede e
inspira este artículo, se explora la cuestión de la reificación histórica de los cuerpos
sexuados femeninos, consistente en la concepción de nuestros cuerpos vivos y
sintientes cómo objetos-mercancías; a partir del siglo XVII —con el nacimiento
de las repúblicas y democracias modernas— comenzaron a concebirse como
cuerpos-maquinarias que pueden ser intervenidos y administrados por parte de
las instituciones médicas y estatales. Este control se enfocó especialmente en la
salud sexual y reproductiva, y fue posible ya que simultáneamente comenzó a
establecerse el rol regulador del Estado en torno a las dinámicas de natalidad y
mortalidad de la población a través de políticas públicas (Aparicio Saavedra, 2023).
Esta reificación histórica de los cuerpos de las mujeres se vería atravesada por
paradigmas coloniales que se enraizarían en el modelo de feminidad moderno, el
cual fundamentalmente liga a la maternidad con el ser mujer. Pero esta maternidad
sería racializante: la maternidad deseable sería (y es) aquella maternidad blanca-
enriquecida, mientras que la maternidad racializada-empobrecida sería (y es) la
indeseable, la que no debería existir, porque, en este modelo moderno (blanco
y capitalista) de feminidad que idealiza y racializa la maternidad, las mujeres
racializadas no deberíamos tener hijos —porque no sabemos ni podemos cuidar
a nuestres hijes—, pero si cuidar a les hijes de otres, porque al final, en este
sistema patriarcal-colonial-capitalista, las corporalidades feminizadas y racializadas
históricamente han sido forzadas a la explotación sexual y laboral.
Además, fue durante este momento de la historia (entre los siglos XVII y XIX)
cuando convergieron diferentes incidentes que jugaron un papel fundamental en
la construcción del modelo de feminidad: la expulsión de las mujeres sanadoras
de los trabajos de curación-cuidado de les otres junto con el robo de sus saberes
ancestrales y comunitarios, la creación de las academias de medicina (espacios
hegemónicamente masculinos, blancos y burgueses), el nacimiento de los Estados
nación en diversos países europeos y los territorios que fueron colonizados por
ellos y la instauración de un sistema esclavista contra los territorios de África
y Abya Yala (Dorlin, 2020; Federici, 2019). Para realizar un análisis profundo
que permita entender las causas de la violencia ginecobstétrica no basta con
llevar a cabo medidas jurídicas y punitivistas contra el personal que ejerce estas
violencias ni con hacer informes de casos recientes.
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Se necesita hacer un análisis histórico sobre el origen de la medicina
moderna —como disciplina e institución— para dimensionar que la violencia
ginecobstétrica no es solamente un problema de derechos humanos, sino también
un problema estructural que va más allá de prácticas médicas autoritarias,
violentas y negligentes. E s un problema estructural del sistema de salud
moderno, cuyos cimientos datan de más de 400 años y que se sustentan de
ideologías y políticas patriarcales, racistas, capacitistas e imperialistas, y, que a
la vez, interactúan con la cuestión de los cuerpos sexuados (como femeninos),
reificados (como máquina-objeto-propiedad) y racializados, cuyas consecuencias
son vigentes en nuestro actual sistema de salud en México, en el que el acceso
a este y el nivel de trato respetuoso, digno y eficiente se ve condicionado por
los factores de género, raza y clase.
Ahora bien, ya que se ha reflexionado brevemente sobre la construcción de los
cuerpos sexuados femeninos y racializados en los discursos médicos de los siglos
XVII-XIX, resulta necesario situar los orígenes en los casos contemporáneos.
Dorothy Roberts en Killing the black body (1997) y Harriet A. Washington en
Medical Apartheid (2006) realizaron amplias y rigurosas investigaciones en
torno al problema del racismo y el sistema médico en Estados Unidos, donde
encontraron que quienes tienen menos acceso, menor calidad en la atención y
que mueren más son las personas racializadas, negras, latinas, nativas americanas
y migrantes. Por ejemplo, Washington expone que a las personas negras se les
diagnostica de manera tardía enfermedades mortales. En el caso de las mujeres,
entre las enfermedades que no son detectadas a tiempo o son mal diagnosticadas,
se encuentra el cáncer de mama:
Una mujer negra tiene 2.2 veces más probabilidades de morir de cáncer
de mama que una mujer blanca. Las mujeres negras se han sometido
a mastografías en la misma proporción que las mujeres blancas, pero
tienen más probabilidades de recibir resultados de peor calidad, los cuales
pueden no detectar un cáncer a tiempo para una cura. Una mujer negra
también tiene más probabilidad de desarrollar cáncer antes de los 40 años,
demasiado temprano para la edad recomendada para realizar mastografías,
y las mujeres negras son diagnosticadas en etapas más avanzadas en
comparación de las pacientes de cáncer de mama hispanas y blancas. Les
pacientes negres de cáncer de mama tienen peores pronósticos generales,
y un peor pronóstico en cada etapa. (2006, p. 4)
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SOBRE LA SALUD SEXUAL DE LAS MUJERES RACIALIZADAS EN MÉXICO
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Además, Washington expone que los hombres negros tienen probabilidades
más altas de padecer y morir de cáncer de próstata y pulmón, y que, en general,
la población negra tiene un 50% más probabilidades de padecer enfermedades
del corazón que la población blanca. Igualmente, las personas afroamericanas
mueren más por infartos que las blancas y tienen más probabilidades de padecer
enfermedades serias del hígado y recibir tratamientos insuficientes. Esto se
extiende a la atención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente
el tratamiento del VIH, y hasta las enfermedades mentales: “las mujeres negras
sufren las mayores estadísticas de estrés y depresión en el país, y las estadísticas
de suicidio se dispararon en un 200 por ciento entre los hombres jóvenes
negros en los últimos 20 años” (2006, p. 5). Estas cifras no se quedan estáticas
únicamente entre la comunidad afroamericana, sino que tienen dinámicas
muy similares entre la comunidad latina y migrante. Cabe señalar que estas
cifras datan de principios de los años 2000 en Estados Unidos y es pertinente
tomarlas con reserva, pero resultan sumamente valiosas ya que demuestran
la existencia explicita de los efectos de la discriminación racial en el sistema
de salud estadounidense: estadísticamente las personas racializadas enferman
y mueren más, y esto no tiene que ver con cuestiones biológicas, sino con
problemas estructurales de orden político y económico.
En México hacen falta muchos censos y estadísticas con perspectiva
antirracista y de género para visibilizar la relación entre el acceso y calidad
de la atención médica y el racismo. Por ejemplo, en este país, “en 2020, el
cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente (15.3%) y la primera causa
de muerte en mujeres” (Martínez Sánchez y Medrano Guzmán, 2022, párr.
2), pero ¿quiénes son las mujeres que mueren?, ¿en qué condiciones socio
económicas se encontraban?, ¿tuvieron una detección oportuna?, ¿recibieron
un tratamiento eficiente y de calidad?, ¿pertenecían a determinados grupos
que históricamente han sido discriminados, segregados y marginalizados tanto
política como social y económicamente?, ¿en dónde y cómo vivían? En el
informe Cáncer y Desigualdades en México publicado en el año 2020, les autores
realizan numerosas anotaciones en torno a la incidencia y mortalidad de los
casos de cáncer (cuatro tipos específicamente: cérvico-uterino, de pulmón, de
mama y próstata) en México, tomando en cuenta factores de riesgo sociales e
individuales, en las que señalan que:
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Si bien hay factores de riesgo asociados con hábitos no saludables elegidos
de manera libre por los individuos, también influyen condiciones sociales
que las personas no eligen. Se trata sobre todo de las personas cuyas
vulnerabilidades disminuyen su capacidad para prevenir el cáncer y para
identificarlo tempranamente: viven en hacinamiento, cocinan con estufas
de leña, carecen de espacios para la actividad física, no disponen de los
recursos y la información necesarios para nutrirse de manera adecuada,
entre otras. La posibilidad de buscar y conseguir atención contra el
cáncer es también menor para quienes viven con bajos ingresos porque,
en general, carecen de seguridad social o viven en regiones donde falta
personal y equipo médico especializados. Una de las dimensiones más
importantes del fenómeno del cáncer, en suma, es su relación estrecha
y compleja con las desigualdades sociales. (Flamand Gómez, Moreno
Jaimes y Arraiga Carrasco, 2020, p. 9)
Les autores exponen que entre los factores individuales de riesgo para el
padecimiento del cáncer en México se encuentran principalmente el sobrepeso,
la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo
—aunque cabe señalar que estas variables poco saludables tampoco son
completamente individuales, ya que también existen factores sociales, culturales
y biológicos/genéticos (como en los casos de sobrepeso y obesidad) que influyen
en ellas—. Sin embargo, el problema de la desigualdad es sustancial en cuanto a
la incidencia y mortalidad en los padecimientos de cáncer, pues esta condiciona
no solamente la toma de decisiones de las personas, sino también el acceso,
calidad y eficacia de los tratamientos. Ahondando en la perspectiva de género de
este artículo, puedo tomar de ejemplo los casos de atención de cáncer cérvico-
uterino y cáncer de mamá de mujeres mexicanas, en los cuales se evidencian
situaciones de desigualdad:
-Mujeres de zonas rurales tienen tres veces más riesgo de morir que las
de zonas urbanas.
-Factores ideológicos y culturales alrededor de las infecciones de transmisión
sexual profundizan las desigualdades.
-Dificultades de acceso a diagnóstico oportuno se traducen en tratamiento
tardío.
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-El tratamiento se enfrenta a limitaciones de acceso y mala distribución
de recursos, como especialistas (cirujanos oncólogos, por ejemplo) y
máquinas de radiación de haz externo y braquiterapia.
-Altos costos de terapias más avanzadas; las tasas de supervivencia por
cáncer de mama son generalmente más bajas en países menos desarrollados
debido a falta de detección temprana y de servicios de diagnóstico y
tratamiento.
-Los estados con mayores grados de marginación son los que tienen
mayores tasas de mortalidad.
-Por cada millón de habitantes, México dispone de 9.7 mastógrafos, 2.27
equipos de radioterapia y 4.4 oncólogos certificados, la tasa más baja
de los países en la OCDE. (Flamand Gómez, Moreno Jaimes y Arraiga
Carrasco, 2020, pp. 20-22)
Si bien estas estadísticas son valiosas e iluminan en torno a la relación entre
desigualdad y acceso a la salud, especialmente para las mujeres mexicanas con
casos de cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama —que entran en el campo de
salud sexual y derechos sexuales y reproductivos—, es evidente la necesidad de
enriquecer estos informes, ya raros en su tipo, con una perspectiva antirracista,
de género y de clase a través de preguntas como: ¿quiénes son aquellas mujeres
que viven en zonas rurales y que tienen tres veces más riesgo de fallecer por
cáncer cérvico-uterino?; ¿cuál es la relación de las limitaciones de acceso y
mala distribución de recursos con la discriminación de género, raza y clase?;
¿quiénes son las mujeres que pueden pagar los altos costos de terapias más
avanzadas y que logran sobrevivir al cáncer de mama en las sociedades con más
desigualdad socio económica (en las que los factores de discriminación racial
son imperantes)?; ¿quiénes son las mujeres que viven en marginación, que no
pueden acceder ni costear sus tratamientos y que constituyen aquellas tasas
de mayor mortalidad? ¿Por qué un país tan misógino (cuyas políticas de salud
pública no muestran interés en la salud sexual ni en la garantía de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres) tiene la tasa más baja de disposición de
equipos para atender el cáncer y detectar concretamente el cáncer de mama?
A través de estos cuestionamientos se puede intuir cómo el problema de la
racialización, como lo expuso Washington, afecta directamente el acceso y la
calidad de la atención médica.
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Otro ángulo que se analizará es la cuestión de la vigilancia y control de la
reproducción de las mujeres racializadas, así como el castigo simultaneo de su
maternidad; son los casos de la violencia ginecobstétrica y la anticoncepción
forzada. Si bien antes se reflexionó brevemente sobre la relación de la segregación
étnico-racial y socio económica con el acceso a la atención médica, especialmente
en los casos de cáncer de mama y cérvico-uterino, también existe un factor de raza
y clase que impacta la manera en que las mujeres parimos y nos reproducimos.
Para esto, me basaré en el trabajo de la pensadora afro estadounidense Dorothy
Roberts, quien enfoca su investigación completamente en el poder del Estado
sobre la reproducción, natalidad y mortalidad de la comunidad negra en Estados
Unidos a través del control y vigilancia de los cuerpos de las mujeres negras, latinas
y migrantes, por medio de la esterilización y la anticoncepción forzada. La autora
realiza una crítica al enfoque feminista que se le da al género y la identificación
de la dominación masculina como el origen de la represión reproductiva, la cual
deja de lado el papel importante del racismo en moldear nuestro entendimiento
de la libertad reproductiva y el grado de libertad que las mujeres realmente
tenemos. E l patriarcado y la dominación masculina no son los únicos que
reprimen la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres; también lo hace el
racismo (inherentemente entrelazado con la desigualdad socioeconómica). No
todas las mujeres tenemos el mismo nivel de libertad, pues la opresión colonial
ha influenciado en las nociones generales de la autonomía reproductiva.
En el capítulo dos, “The dark side of birth control”, de Killing the black body,
Roberts (1997) hace un recuento sobre el origen del movimiento del control
de natalidad y planificación familiar en Estados Unidos, que tuvo una enorme
influencia en cuestiones de política pública. La mujer que acuñaría por primera
vez el término birth control (“control de natalidad”) sería Margaret Sanger, quien
dedicó su vida a la lucha por el derecho de las mujeres a ejercer la anticoncepción
navegando a contracorriente de las leyes de la época (la segunda década de
1900), las normas sociales y la iglesia católica. En 1921 fundó la American Birth
Control League (Liga Estadounidense de Control de Natalidad), que para 1939
se transformaría —junto con otros grupos— en la Birth Control Federation of
America (Federación Estadounidense de Control de Natalidad), la cual fue en
su tiempo la organización líder de derechos reproductivos en Estados Unidos
(Roberts, 1997, p. 57). La defensa de Sanger del control de natalidad y los
derechos reproductivos de las mujeres era explícitamente feminista y socialista
(Roberts, 1997; Davis, 1981); creía en la emancipación de las mujeres y que el
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acceso a la planificación familiar les permitiría expresar libremente su sexualidad
sin miedo al embarazo; además, buscaba independizar al placer sexual femenino
de los valores conservadores de la época, es decir, maternidad, matrimonio y una
moral puritana (Roberts, 1997, p. 57). Sin embargo, el movimiento encabezado
por Sanger pronto tomo un camino más oscuro, ya que después de 1918 la retórica
en torno al control de natalidad tendría menos tintes feministas y más inclinados
hacia la eugenesia (Roberts, 1997; Davis, 1981), ideología que surgió a finales
del siglo XIX y que defendía el mejoramiento de la raza humana administrando
la reproducción de las personas, impulsando la reproducción de las personas con
una supuesta superioridad en intelecto y belleza —de acuerdo con los cánones
occidentales — y restringiendo la reproducción de aquellas personas de clases,
razas y condiciones indeseables, cuyas crías traerían decadencia a las sociedades.
Por ejemplo, personas racializadas, con discapacidad, con enfermedades mentales
y recluidas en prisión o en centros psiquiátricos.
A pesar de que las teorías eugenésicas surgieron y tuvieron mayor auge en
los países europeos y norteamericanos, en México también hubo intelectuales
porfiristas influenciados por la eugenesia, como Francisco Pimentel y Francisco
Bulnes, quienes argumentaban que el mexicano era inferior a la raza europea-
blanca y que, para mejorar racialmente al país, tendría que reproducirse con elles,
por lo que había que fomentar la inmigración europea a México. Adicionalmente,
a través del poder ejecutivo, Porfirio Díaz llevaría a cabo medidas de exterminio
contra mayas, otomíes y yaquis (Báez-Jorge, 1997, pp. 38-39). De esta manera,
queda muy claro que la eugenesia no era más que ideologías y prácticas coloniales
—escudadas bajo un discurso científico entintado de darwinismo social y teorías
catastróficas maltusianas— que se justificaban así mismas como buscadoras del
progreso y mejoramiento (racial) de la nación.
Influenciada por la ideología eugenésica, Sanger argumentó que el control
de natalidad beneficiaría a los intereses de la nación, pues este no solamente
promovía la salud y libertad de las mujeres, sino que también era fundamental
para el mejoramiento racial de Estados Unidos. De esta manera, el vocabulario
eugenista se entrelazó con las ideas de salud pública y bienestar nacional
(Roberts, 1997, p. 72). En este contexto, en Estados Unidos se llevaron a cabo
campañas de planificación familiar dirigidas especialmente hacia las comunidades
negras, latinas, nativo americanas y migrantes, practicando esterilizaciones
forzadas y otros métodos anticonceptivos (como el uso de Norplant, vacunas
anticonceptivas y dispositivos intrauterinos) sin consentimiento y sin información
previa, especialmente a partir de 1970.
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Si bien Sanger en un inició parecía estar motivada por un genuino deseo
y preocupación por la salud de las madres jóvenes empobrecidas, debido a la
influencia de las teorías eugenésicas, también fue difusora de sus postulados
más peligrosos: por una parte, que los problemas sociales son causados por la
reproducción de los más desventajados, y, por otra, que la procreación de estas
personas debería impedirse. Cuando discursos como estos se reproducen en
sociedades regidas por las jerarquías raciales —como en muchos territorios en
el mundo—, la implementación de políticas para reducir la reproducción de
las personas negras es predecible (Roberts, 1997, p. 81). Estas políticas de salud
pública implementadas inicialmente en Estados Unidos serían exportadas a los
territorios de América Latina. En el contexto mexicano, en la década de 1930
se fundaron instituciones dedicadas a la eugenesia, y si bien cuando finalizó la
segunda guerra mundial los discursos eugenésicos perdieron valor, ya que su carga
fascista era más que evidente, su influencia en el sistema de salud y políticas
públicas continuaron vigentes tanto en Norteamérica como en Latinoamérica.
A pesar de que los principios de mejoramiento racial e higiene social ya no eran
considerados válidos, el papel regulador del Estado en el control de natalidad y
su intervención directa en la reproducción de la población continúan vigentes
en pleno siglo XXI, junto con sus medidas necropolíticas de limitar la natalidad
de determinados grupos sociales.
Si hace unos momentos meditamos sobre el fundamento eugenésico de las
compañas de planificación familiar implementadas por los Estados, cabe señalar
que, a pesar de que actualmente son reprobables socialmente los discursos de
tintes fascistas que buscan eliminar a comunidades específicas, aún continúan
reproduciéndose políticas públicas que buscan intervenir directamente en la
reproducción de la población, enfocándose especialmente en grupos marginados
y con un acceso a la justicia limitado. En el año 2002 la Secretaría de Salud, a
través de la Dirección General de Salud Reproductiva, promovió un Programa de
Acción de Salud Reproductiva que llevó por nombre Anticoncepción Posparto,
Transcesárea, Poscesárea y Posaborto, en el que explícitamente se enlistaron
los grupos prioritarios de la población a los que fue dirigido dicho programa:
rurales, urbanas marginadas, comunidades indígenas, personas con discapacidad
y adolescentes. El argumento principal de la creación de dicho programa fue
la búsqueda de la garantía en el acceso a la salud sexual de las mujeres de los
grupos vulnerables en México, ya que:
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La imposibilidad de obtener opciones anticonceptivas modernas durante
el posparto, expone a las mujeres al riesgo de embarazos poco oportunos
o no deseados, que frecuentemente concluyen en abortos en condiciones
de riesgo. Los embarazos con un período intergenésico corto plantean
mayores riesgos para la salud de las madres y sus hijos. Aunque se han
logrado grandes avances en la accesibilidad y calidad en la prestación
de los servicios de planificación familiar, siguen existiendo necesidades
insatisfechas de información y servicios sobre anticoncepción posparto
y posaborto, especialmente entre las y los adolescentes, así como en las
mujeres que habitan en las comunidades del área rural […].
La prestación de servicios con calidad en planificación familiar en
el período del posparto, transcesárea, poscesárea y posaborto es una
condición fundamental, donde el personal de salud debe practicar mejores
formas de cubrir las necesidades de las usuarias y utilizar los recursos de
una manera más eficaz, con el fin de contribuir de forma significativa a
reducir la mortalidad y morbilidad materno-infantil y a prevenir abortos
futuros. (Secretaría de Salud, 2002b, p. 9)
La planificación familiar es un derecho humano y “se sustenta en las garantías
internacionales a la vida, a la salud, a la intimidad y a la no discriminación” (Center
for Reproductive Rights, 2010); no hay debate sobre la libertad de las personas para
decidir cuántes hijes tener, cómo, cuándo y dónde o el no tenerles. Sin embargo,
cuando se establecen programas gubernamentales que buscan velar por la salud
sexual de las mujeres, como el de Anticoncepción Posparto, Transcesárea,
Poscesárea y Posaborto, explícitamente dirigidos a determinados grupos de
la población —mujeres que viven en zonas rurales y urbanas marginalizadas,
racializadas, con alguna discapacidad o jóvenes—, tomando en cuenta el
origen eugenista (que tenía por objetivo los mismos grupos poblacionales) de
la planificación familiar, es necesario mirarlos con ojos críticos. Así, por muy
benefactoras que parezcan sus propuestas, por ejemplo, proteger la vida de las
mujeres y de les niñes, ofrecer mayores oportunidades a las mujeres, promover
prácticas sexuales de menor riesgo, así como un crecimiento controlado de
la población (Secretaria de Salud, 2002, p. 15 ), la anticoncepción posparto,
transcesárea, poscesárea y posaborto —también nombrada “anticoncepción
posevento obstétrico”—, si no son practicadas de manera adecuada, pueden
derivar en anticoncepción forzada, que es una forma de violencia ginecobstétrica.
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Asimismo, el simple hecho de haber nacido como un ser con útero
automáticamente implica el riesgo de padecer violencia ginecobstétrica. Ahora
bien, enfocándonos en la cuestión de la atención digna de la gestación, parto y
puerperio, es importante recordar que en México 7 de cada 10 mujeres (de 15
años en adelante) son madres. Esto representa un sector enorme de la población
propenso a sufrir los tratos más inhumanos, por lo que la perspectiva de género
resulta indispensable. El movimiento de las mujeres no puede continuar su
agenda en derechos sexuales y reproductivos si no se mira a las mujeres que
gestan, paren y cuidan. En la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), llevada a cabo por el INEGI en el año
2021, se demostró que el 31.4% de las mujeres que parieron sufrieron violencia
ginecobstétrica en los últimos cinco años; además, de ese porcentaje, al 14% las
presionaron para que aceptaran que les pusieran un dispositivo o las operaran
para ya no tener hijos y les fue colocado algún método anticonceptivo o las
operaron o esterilizaron para ya no tener hijos(as) sin preguntarles o avisarles
(Aparicio Saavedra, 2023).
En la primera edición de Lineamientos técnicos para la prescripción y uso de
métodos anticonceptivos en México, publicada en 2022, se deja en claro que el
propósito principal de dichos lineamientos es que “sea[n] la principal referencia
para profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de garantizar el
consentimiento informado y la libre decisión de las personas sobre la aceptación
y el uso de un método anticonceptivo” (Secretaría de Salud, 2022a, p. 10). El
contraste entre el 14% de mujeres parturientas que sufrieron anticoncepción
forzada y los lineamientos que enfatizan en la responsabilidad de los profesionales
de la salud de garantizar el consentimiento informado y libre sobre el uso de
métodos anticonceptivos es evidente. Además, es de suma relevancia señalar que
la mayoría de mujeres que sufrieron de esta violencia son mujeres racializadas
(especialmente de comunidades afrodescendientes e indígenas) y/o que viven
en situaciones de pobreza y marginación (GIRE, 2015; Castro y Erviti, 2015;
Aparicio Saavedra, 2023). Nuevamente, queda en evidencia la continuidad
de un sistema que administra las vidas, la reproducción y los cuerpos de las
mujeres; un sistema alimentado del bio y necropoder, así como de un pensamiento
patriarcal, racista y capitalista que prioriza ciertas vidas y busca reproducirlas,
mientras que otras son prescindibles excedentes que deben ser regulados.
Cuando a una mujer la esterilizan o le practican algún método anticonceptivo
sin su consentimiento, es esencial recordar que actos como estos tienen sus
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raíces en políticas públicas de principios del siglo XX incentivadas por el Estado.
Asimismo, cualquier manifestación de violencia ginecobstétrica es consecuencia
de un sistema que concibe los cuerpos femeninos como cuerpos-territorio que
pueden ser intervenidos y lastimados; sistema cuyos orígenes datan del siglo
XVIII, con el nacimiento de la medicina moderna y de la figura del médico
como autoridad y como personaje que posee un conocimiento que incluso se
impone al propio sentir y autoconocimiento de les pacientes.
Conclusiones
Como apunté al comienzo de este artículo, la intervención de un estudio
interdisciplinar en derechos aporta matices pertinentes que sitúan los casos
analizados en un tiempo y espacio. Si bien los trabajos de índole jurídico
aportan miradas sobre cómo restructurar y adaptar el sistema a las necesidades
y exigencias de les individuos, la mirada de las humanidades y ciencias sociales
da una profundidad y complejidad a las problemáticas tratadas. Igualmente, la
perspectiva interseccional permite tomar en cuenta factores y circunstancias que
limitan el acceso de determinados grupos poblacionales a servicios básicos, como
en el caso de la salud, abordado en este artículo, para satisfacer sus necesidades de
vida. A lo largo de este trabajo se hizo énfasis en la relación de la vulneración de
la salud sexual de las mujeres racializadas en México con determinados sistemas
de opresión, además de que se resaltó en numerosas ocasiones el factor de la
violencia colonial y su influencia en el acceso a una atención médica digna,
oportuna y eficaz. Se puso un especial énfasis en la atención ginecobstétrica y la
atención y detección del cáncer de mama y cérvico-uterino, los cuales guardan
una inherente relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En
el informe Cáncer y Desigualdades en México 2020 se hace especial énfasis
en factores sociales que pueden interferir en el acceso a la salud, en los que la
cuestión socio económica y étnico-racial son imperantes:
[E]xisten diferencias en el estado de salud de los individuos y grupos
poblacionales. Sin embargo, esas diferencias pueden significar desigualdades
cuando reflejan una distribución injusta de los determinantes sociales de
la salud: el acceso a trabajos estables y seguros, servicios educativos y de
salud de calidad, la discriminación por etnia, género o nivel de ingresos,
la condición migratoria, entre otros. Estas desigualdades en salud son
innecesarias, evitables e injustas. En el caso del cáncer, las desigualdades
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atraviesan todo el continuum de la enfermedad: prevención, incidencia,
diagnóstico, tratamiento, supervivencia, calidad de vida y mortalidad por
cáncer. En suma, reflejan una distribución injusta de los determinantes
sociales de la salud.
Como detallamos a continuación, numerosos estudios han concluido que,
en términos generales, cuando las condiciones sanitarias son peores, la
mortalidad por cáncer aumenta y la supervivencia y la calidad de vida
de los pacientes disminuye. Este fenómeno se presenta tanto en los
países en desarrollo como en los industrializados y se acentúa entre los
grupos de personas con condiciones socioeconómicas desfavorables o que
históricamente han sufrido carencias como minorías étnicas y raciales,
así como poblaciones indígenas.
Las desigualdades en ingresos, educación, vivienda, empleo, dieta,
cultura, género, grupo étnico y medio ambiente pueden traducirse, como
ya mencionamos, en diagnósticos tardíos o en acceso inadecuado al
tratamiento. (Flamand, Moreno Jaimes y Arraiga Carrasco, pp. 15-16)
Como se ha señalado numerosas veces en este artículo, para garantizar
el derecho al cuidado, derecho a salud, derechos sexuales y reproductivos,
y en general, los derechos humanos de las mujeres racializadas dentro del
sistema de salud en México, resulta fundamental la presencia de perspectivas
antirracistas, de género y de clase para atender las problemáticas que nos
atañen. De esta manera, el camino hacia el acceso a la justicia y reparación de
daños podrá llevarse a cabo de una manera integral y pertinente. En México
existen numerosos casos de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes,
empobrecidas, con discapacidad o privadas de su libertad cuyos derechos sexuales
y reproductivos son violentados y poco (o nada) resguardados. Mujeres indígenas
que murieron en sus partos aun cuando la muerte materna está considerada
por la OMS como un problema de salud público, porque es prevenible; mujeres
afrodescendientes que reciben tratos denigrantes —que casi castigan— durante
la atención de su parto, como en el caso de mi madre en su momento; mujeres
que murieron por cáncer de mama o cérvico-uterino porque no fue detectado a
tiempo o mal tratado; casos como estos, si son analizados desde esta perspectiva
interseccional, pueden ser entendidos como reflejo de un sistema de salud cuyos
cimientos están en los sistemas de opresión patriarcales, racistas y capitalistas
que priorizan ciertas vidas sobre otras.
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Así, el considerar las circunstancias de vida de las víctimas, tomando en
cuenta los factores de género, raza, clase o discapacidad, abre toda una ventana
de interpretación de los hechos. La mirada interseccional, además, deja en
evidencia que las medidas punitivistas hacia ciertas personas (por ejemplo, el
personal médico) no son suficientes cuando el verdadero problema está en las
estructuras de poder, en las estrategias políticas-económicas que implementa
el Estado a través del bio y necropoder. Asimismo, la mirada interdisciplinar,
como la que se procuró en este artículo de reflexión, ofrece acercamientos que
enriquecen el análisis de los problemas estructurales de una manera histórica,
política y situada. Esta mirada es fundamental al momento de reflexionar sobre
derechos humanos, pues, si bien la perspectiva jurídica es fundamental, cuando se
complementa con la interdisciplinariedad de las humanidades y ciencias sociales,
permite analizar los casos con mayor profundidad; cuando se buscan los orígenes
de las opresiones, resulta más sencillo comprender por qué hoy ciertas violencias
resultan tan normalizadas, impunes o incluso pasan desapercibidas. Realizando
un diálogo entre la historia, la filosofía y los datos estadísticos se ha procurado
demostrar que los fallos del sistema de salud en México no son responsabilidad
directa del personal médico ni de les pacientes, sino de toda una estructura, de
todo un mod o de concebir la vida, la muerte y los cuerpos. Se trata de un modelo
patriarcal, colonial y capitalista que valora las vidas de las mujeres por nuestra
capacidad reproductiva, y, a la vez, nuestros cuerpos no son cuidados ni respetados,
puesto que, a partir del nacimiento de la medicina moderna en el siglo XVII,
pasaron a ser concebidos y tratados como cuerpos-máquina, cuerpos-propiedad.
Con el fin de concluir este texto, solamente deseo añadir que, en la cuestión de
atención y cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres racializadas,
México aún tiene muchos pasos por delante, empezando por la visibilización
de un problema estructural e histórico con fundamentos racistas. Por más que
le duela al orgullo mestizo, la discriminación étnico-racial existe, y esta no se
manifiesta únicamente en aspectos de discriminación por color de piel, textura
del cabello, o usos y costumbres, sino que el racismo está enraizado en nuestro
sistema político, en el sistema de salud, y, como ya se ha demostrado en este
texto, el racismo cobra vidas. El racismo está presente en las estadísticas de
aquellas mujeres que no pudieron atender su cáncer a tiempo, que no pudieron
costear sus tratamientos o que ni siquiera tuvieron la oportunidad de acceder
a atención médica. El racismo está presente en las muertes maternas, en las
esterilizaciones forzadas y en los tratos crueles en las salas de parto.
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